La chapuza constitucional

Hoy se vota en el Senado la reforma de la Constitución que PSOE y PP cerraron rápido y mal en un despacho, con nocturnidad y sin consultar a nadie.

Sigue un trámite que ya se inició la semana pasada en el Congreso, sin prácticamente debate a pesar de las intervenciones de los diputados: muchas de las enmiendas presentadas (incluidas las de UPyD) fueron rechazadas fulminantemente sin permitir su legítimo debate “por ser inconstitucionales”.

Pero esa sentencia no la dictó el Tribunal Constitucional, sino que fueron los propios cargos políticos que nombran a los miembros que lo componen los que decidieron por ellos. ¿Nos extraña? La pregunta tendríamos que reformularla: ¿debería extrañarnos?

Desde Unión, Progreso y Democracia llevamos años pidiendo una reforma profunda de la Constitución para atajar los problemas reales del país y la respuesta siempre ha sido negativa, la Constitución no se podía tocar. De la noche a la mañana, sin embargo, nos encontramos con una reforma que no solo no es necesaria (el Estado dispone de los mecanismos, que no la voluntad, para limitar el déficit), sino que para mayor despropósito no soluciona las verdaderas deficiencias que lastran al país: las duplicidades, la racionalización de la organización del Estado, el reparto competencial, la modificación de la ley electoral, garantizar la independencia del Tribunal Constitucional y de la justicia.

Sobra decir que nuestra Constitución necesita actualizarse, que tiene que avanzar y cortar los flecos que quedaron sueltos en la Transición. Pero, ¿y si el problema actual no fuera la Carta Magna? ¿Y si el problema fuera que los principales partidos se empeñan en venderse como alternativa cuando sólo son alternancia, en defender sus cortijos como caciques altamente territoriales? Porque no nos engañemos, las Comunidades Autónomas las gobiernan uno y otro (aparte de partidos nacionalistas), y ninguna controla su déficit. ¿Faltaban mecanismos? No: faltaba voluntad.

La reforma es legal, la propia Constitución permite esta forma de aprobación, pero a los españoles se nos ha preguntado bastante poco en las últimas décadas sobre cómo queremos que nos gobiernen, sobre asuntos que nos afectaban directamente. Luchamos duro por sacar adelante nuestra Constitución, la de todos, y entre todos debemos decidir (y elegir) si queremos que se cambie y cómo debe hacerse.